GUATEMALA: LA UNIDAD Y LUCHA DE LOS PUEBLOS ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA
Por Pablo Monsanto
La pandemia llego a Guatemala cuando la crisis del neoliberalismo se encuentra en pleno desarrollo. Las medidas que toma el gobierno de Guatemala, desde 2020 hasta ahora para tratar de contener y controlar la pandemia, lo que han hecho es agravar aún más esa crisis; las diferencias entre ricos y pobres se marca más claramente, la pobreza lacerante que lastima es más patente e hiriente y la riqueza es más pomposa y opulenta.
Los multimillonarios concentran la mayor parte de la riqueza equivalente al 30% del PIB nacional, se apropian de la mayor parte de la riqueza que produce socialmente el país y es a esos a quienes el gobierno de turno protege sus empresas y sus inversiones en tanto que las medidas para atender al 60% de población que vive en la pobreza, con un 23% de esos pobres en la extrema pobreza, con el 49% de niños desnutridos están a expensas de las ayudas del gobierno para auxiliarlos ya que la mayoría no tiene ingresos, sin empleo, es la población de mayor riesgo. Los recursos que mandan los migrantes sirven para la supervivencia de más de 6 millones de los 17 millones de habitantes que tiene el país lo cual significa el 38% del total de la población.
Son los multimillonarios los responsables de la corrupción en todas las instituciones del estado ya que controlan todos los organismos del mismo y es la forma que les ha permitido—por más de 65 años desde que fue derrocado el gobierno revolucionario del Coronel Jacobo Árbenz Guzmán—controlar el sistema político y económico a su favor. La evasión fiscal sobrepasa los 15 mil millones de Quetzales al año y el gran contrabando lo practican ellos.
Ellos son los responsables de que el estado no preste con eficiencia y para toda la población, los servicios básicos y que el país carezca de un sistema de salud gratuito que cubra a toda la población y que la educación sea de muy mala calidad; Guatemala es uno de los países con mayor analfabetismo en américa latina y la educación superior es mínima.
La mafia logró este año establecer el pleno control de todos los poderes del estado ya que este año que está concluyendo, los poderes fácticos lograron alinear todas las estructuras del poder y preparar las condiciones que les garantice en el próximo proceso electoral del 2023, obtener los resultados para colocar a los personajes de turno y que les garantice seguir controlando el estado y sus recursos. La violencia estatal la combinan con la corrupción de los movimientos que a nivel local o regional se manifiestan esporádicamente.
En el país no existe oposición política organizada capaz de contener los desmanes de los poderes mafiosos y que controlan el régimen actual, está a la vista como las autoridades hacen lo que les viene en gana, el poder legislativo lo controlan casi en su totalidad, los opositores son pocos y débiles, sus actuaciones son opacas y fragmentadas, con el temor de que no puedan reelegirse o no puedan seguir sacando las mínimas ventajas que les permite mantener la sobrevivencia política.
El movimiento popular y social que en algunos lugares protesta es neutralizado por la vía represiva o por la corrupción; dividido y fragmentado, depende política y financieramente de las ONG’s europeas, del Canada y EE.UU. se limita a hacer señalamientos y denuncias de algunos desmanes y actos de corrupción del gobierno. Sus manifestaciones en las calles y poblaciones son mínimas y tibias no ha logrado hasta ahora una movilización de carácter nacional que ponga al régimen en una posición obligada a negociar y ceder a las presiones populares y sociales. Sus manifestaciones y labor política son locales y sus programas de “beneficio” social y comunal no resuelven los problemas estructurales de fondo y por el contrario, en algunos casos le hacen el juego al sistema y a quienes lo controlan.
El escenario que se está creando en torno al próximo evento electoral adolece de la carencia de un proyecto político nacional con un programa de lucha claro y conciso.
Algunos sectores progresistas se pliegan o se suman al proyecto anunciado por la política del gobierno de Biden de los EE.UU. con base a la lucha contra la “corrupción”. Como que si con eso se va a superar las causas de la pobreza como causa principal de la migración.
La injerencia de la política del estado estadunidense pretende perdurar su control de los gobiernos del llamado Triángulo Norte para controlar la migración y el narcotráfico y mantener el sometimiento de nuestros países a las exigencias e intereses de la política neocolonial de los Estados Unidos de Norte América. Es urgente avanzar en crear un movimiento en los países del triángulo norte para unificar todas las expresiones política, populares y sociales en contra de la política injerencista de EE.UU que quiere seguir utilizando nuestros países como muro de contención, eso debe ser también parte del programa de lucha social y popular.
Ante esa realidad hemos hecho la propuesta de la Unidad del movimiento social y popular a fin de integrar un solo movimiento político nacional en torno al objetivo de instalar una Asamblea Constituyente popular y plurinacional, para construir un nuevo estado que supere todas las políticas y características negativas del sistema actual y que violan los derechos de los pueblos. Y también unificar a las organizaciones sociales del llamado Triángulo Norte de Centro América; para oponernos a las políticas represivas e injerencistas de EE.UU. en la región.
La vía para lograr el objetivo de instalar la Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, puede ser de inmediato, la vía institucional electoral apoyada con la presión popular.
La vía institucional requiere lograr un contingente de diputados que en alianzas reúnan 105 votos mínimos, ya sea con diputados propios del movimiento político y social y con alianzas con otras fuerzas que estén abiertos a democratizar el país. Este sería el objetivo inmediato a alcanzar En el próximo evento electoral.