Crisis humanitaria en Colombia en el contorno de la Diplomacia Internacional Neoliberal
Por Daniel Roberto Leones
“Los que luchan por la justicia nunca mueren”
La presente reflexión pretende llamar la atención y exponer de una manera breve la radiografía general del entorno que propició la convocatoria y el estallido del Paro Nacional por sus organizadores en el pretérito 28 de abril del presente año, que, en medio de una pandemia y emergencia sanitaria, de grandes y descomunal desproporción, que puso en predicamento el injusto, depredador y destructor modelo económico neoliberal en su versión criminal y genocida a la colombiana.
Algunos rasgos del neoliberalismo a la colombiana.
El régimen neoliberal hace énfasis en un crecimiento económico hacia fuera y con una distribución regresiva del ingreso. Con base en una indiscriminada liberalización económica, una desregulación financiera, una dinámica comercial en detrimento de los intereses nacionales, bajo el cortoplacismo, una presencia de Estado en función de la protección de los grandes intereses de los capitales transnacionales y nacionales. En detrimento y vulnerando las iniciativas nacionales, de la micro, pequeña y mediana empresa del país.
En lo referente al patrón de acumulación neoliberal en Colombia implica un cambio o un reacomodo del bloque del poder oligárquico, donde se mezcla una combinación perversa de lo legal con la ilegalidad, de lo lícito con lo ilícito. Apareciendo una simbiosis de un terrorismo de Estado con un narco Estado, una creciente y acentuada paramilitarización, teniendo en mira al “enemigo interno”, genocidios y crímenes de lesa humanidad indiscriminado contra el conjunto de la población civil, ligadas a actividades económicas que privilegia el espacio circulatorio, a una práctica extractivista de los recursos naturales depredadora, biosaqueo y despojo territorial con resortes de criminalidad, mega proyectos agroindustriales, junto con las actividades de la economía del narcotráfico o “capitalismo gansteril” con características criminales y mafiosas, aunada a la gran concentración de la tierra con los grandes latifundios que, mantienen en la más extrema pobreza a millones de campesinos, indígenas y población negra. Así también las funciones financieras especulativas y ficticias, políticas comerciales, que se encuentra bajo el predominio del libre comercio y el ejercicio de guerra no declarada en el marco de una democracia formal excluyente, se mueve con el influjo de la complicidad, la impunidad y el imperio de la corrupción. En el ámbito social y judicial aparece de una manera sistemática la persecución, el hostigamiento, el montaje y la continua judicialización aunada a la criminalización de lideresas y líderes sociales, con ello, negando el derecho a la vida, afectando la vida pública del país, lo cual se plasma en una descomunal descomposición social y moral de lo público incomparable en las últimas tres décadas.
El modelo económico neoliberal es portador de una inconmensurable explotación de la fuerza de trabajo, una concentración y centralización de capital en pocas manos, una pobreza insostenible, una miseria lacerante del conjunto de la población, una desigualdad abismal, en donde los ricos son menos y más ricos, en cambio los pobres son muchos más, con la tendencia a ser más pobres, desechos y excluidos sociales, una creciente desigualdad de la riqueza llegando a índices escandalosos, siendo uno de los más elevados del mundo. Todo esto en un incremento incesante de la subsistencia que domina la vida nacional bajo una endémica informalidad como piel envolvente de la sociedad colombiana. Como sí, esto fuera poco, el país se encuentra bajo el imperio de la inseguridad y del “crimen organizado “, que hace de Colombia una hecatombe.
Panorámica de la sociedad colombina en el marco de la violencia endémica y la crisis humanitaria descomunal.
La crisis de la pandemia, puso en desnudo el inoperante sistema de salud pública para enfrentar semejante emergencia sanitaria, como la pronunciada decadencia del modelo neoliberal, mediante la profunda crisis económica estructural que ha venido padeciendo el pueblo colombiano en las últimas siete décadas y, particularmente en los últimos tres decenios, bajo el Estado oligárquico y sus gobiernos de conservadores, liberales y el actual gobierno de Iván Duque del temible Centro Democrático, donde se destaca sus rasgos neofascistas y genocidas. Ahondado la profunda crisis humanitaria de Colombia, evidenciadas en cifras escandalosas de la negación del derecho a la vida, la paz, el buen vivir con justicia social de colombianas y colombianos.
¿Por qué la diplomacia internacional no ha expresado, cuestionado y condenado de manera enérgica la profunda crisis humanitaria, de la violación sistemática y conculcación de los derechos humanos, en el que ha incurrido de manera recurrente el Estado Colombiano y sus gobiernos en todo este lapso de conflicto armado o de “guerra civil no declarada” contra los trabajadores, sus organizaciones gremiales, sociales y políticas, los campesinos, los indígenas, los negros, las mujeres, los jóvenes y sectores sociales en completa subsistencia y vulnerabilidad, más bien ha asumido una postura tenue, tibia y hasta complaciente frente a esta tragedia que padecen colombianas y colombianos?
El pasado 28 de abril del año en curso, estalla el Paro Nacional y, que hasta ahora continúa las exigencias por el cumplimiento de su pliego petitorio con sus respectivas demandas justas y pacíficas. Dicha movilización popular, es a la vez, el movimiento social más importante de la historia reciente del país.
En plena primavera, la rebelión popular y la resistencia que cubre toda la geografía humana nacional, con un apoyo de la población por encima de un 80% del pliego petitorio del Paro Nacional. Rechazando masivamente las propuestas indolentes y deshumanas de reformas, tributaria, de la salud y laboral presentada por el gobierno de Iván Duque, en medio de la profunda emergencia sanitaria y la crisis económica de largo alcance. El propio presidente se vio en la necesidad de retirar, dichas reformas días después. No obstante, las movilizaciones se multiplican en todo el territorio nacional, con una inusitada solidaridad nacional e internacional.
La brutal represión de la policía no se hizo esperar, traspasó con creses sus límites, que fue corroborada semanas más tarde por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Iván Duque carece de voluntad para entablar una Mesa Nacional de Diálogo, seria y democrática, con alternativas viables para darle una salida negociada al conflicto con el Comité Nacional de Paro y las organizaciones sociales participantes en la protesta nacional. En este contexto abrupto de violencia endémica del Estado colombiano, genocidios, crímenes de lesa humanidad, violación sistemática e indiscriminada de los derechos sociales y humanos de los participantes en el Paro Nacional, han transcurrido casi más de seis meses exigiendo verdad, justicia, libertades y democracia. No obstante, la respuesta oficial está evidenciada en resultados muy dolorosos: 81 asesinatos, cientos de desaparecidos, persecución indiscriminada contra voceros de la primera línea del paro, satanización, macartismo, estigmatización, ilegalización, judicialización y hasta llegar al extremo de la criminalización de la protesta social, aún más, ejercer la calumnia mediante de los medios de comunicación masivo, como arma perversa contra el movimiento de paristas y sus dirigentes, decenas de torturados, detenciones arbitrarias en más de 1600 bajo la lógica de “fasos positivos judicializados “, miles de heridos, muchos lesiones oculares, abusos sexuales perpetrados por la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
De acuerdo con el balance de organizaciones de Derechos Humanos, v.gr: El Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Temblores ONG, entre otros, dan cuenta de la brutal represión de parte de la Fuerza Pública, el ESMAD, paramilitares encubiertos como “civiles” infiltrados en las movilizaciones y protesta social, para vandalizar y sembrar el caos con el apoyados de la policía, ha dejado un saldo de letalidad, de violación sistemáticas a los derechos humanos.
Las demandas también van contra la denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, de la tiranía persistente de un régimen genocida que se ha prolongado por más de 75 años, con una huella Indeleble de crímenes de Estado de lesa humanidad, durante el conflicto armado o “guerra civil no declarada”, en este lapso de violencia endémica, con una secuela de más de 9 millones de víctimas, un éxodo y despojo mayúsculo de sus bienes de más de 7 millones connacionales, además, más de 600, mil asesinatos, una cifra de desaparecidos por encima de 80 mil colombianas y colombianos, una suma brutal de masacres que rebasa las 5 mil, con miles de asesinatos, la nación surcada de miles fosas clandestinas o cementerios impunes con cientos de víctimas, más de 6 402 de “falsos positivos”, más de 6 mil militantes de la Unión Patriótica inmolados, hasta la fecha se cuenta con 297 asesinatos de firmantes del Acuerdos de la Paz con el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo, (FARC-EP), cinco magnicidios de excandidatos a la presidencias de la República y un número de más 500 mil compatriotas sufriendo el suplicio del exilio y el refugio en el exterior.
El Paro Nacional contra el gobierno del presidente Iván Duque. A consecuencia de un cumulo de agravios en el orden coyuntural y estructural, debido a la puesta en práctica de las nocivas e inhumanas “reformas estructurales” de corte neoliberal, provenientes del llamado “Consenso de Washington”, en complicidad con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), con el encubrimiento y complacencia de la oligarquía de liberales, conservadores y del tenebroso Centro Democrático uribista. Atentatorias contra la vida y los derechos sociales básicos de los colombianos, aplicadas en el país en las últimas tres décadas, agudizando y ahondando la situación insoportable de sufrimiento, suplicio, dolor, horror, terror y muerte, provocada por la violencia endémica y el añejo conflicto armado o “guerra civil no declarada” por más de siete decenios.
En este marco: Colombia convertida por sus gobiernos oligárquicos de conservadores y liberales, en una hecatombe, en un océano de sangre, en una patria sumergida en una acéldama, en un manicomio o infierno de genocidios, en una práctica de neofascismo descarnado, desde las mismas entrañas del Estado, sus gobiernos, sus instituciones, su Fuerza Pública, su policía y escuadrones antimotines o escuadrones de la muerte, su ejército, sus aparatos de investigación, inteligencia y seguridad, bajo el encubrimiento, la impunidad absoluta, la complicidad y la corrupción institucionalizada, con la protección del más alto nivel de magistrados, de la Suprema Corte de Justicia, fiscales, ministerios públicos, de jueces inescrupulosos, inmorales e indolentes, además del encubrimiento de los medios de comunicación masiva, al servicio del Estado y los gobiernos de turnos, de los grupos y gremios económicos de privilegiados de cuello de dorados, desinformando a la opinión pública nacional e internacional.
Con ello, también queremos mencionar los cientos de crímenes sistemáticos contra lideresas, líderes comunitarios, luchadores sociales y ambientalistas. Sin duda alguna, se tipifican como crímenes de Estado de lesa humanidad, como acciones sumarias de terrorismo de Estado, aunada a una práctica hipernarcoparamilitarismo, violatorios de los derechos humanos de colombianas y colombianos.
En este contexto, queremos llamar la atención y que se mire con detenimiento y preocupación el caos de muerte que ha prevalecido e imperado en Colombia, en un periodo prologando de su historia nacional; ahora bien ¿Cuál ha sido la postura, el comportamiento, las exigencias al Estado y a los gobiernos colombianos de turnos, frente a esta dolorosa y continua crisis humanitaria estructural prevaleciente hasta el días de hoy, en el país, de la Diplomacia Internacional en torno a este escenario dantesco?
Una breve presentación de la Diplomacia Internacional.
Un aspecto a destacar de la Diplomacia Internacional es que pugne de manera convincente por el derecho universal y supremo de la soberanía, a la autodeterminación y la solidaridad entre las naciones, por el derecho a la autonomía entre los pueblos del mundo, hacer de la interdependencia, la cooperación, la solidaridad, espacios de resolución de los conflictos internos y externos privilegiando el diálogo franco, la negociación y el buen oficio de la política entre países, que bregue por la defensa del medio ambiente saludable y habitable, propiciando la convivencia comunitaria entre los pueblos del mundo; que sea intermediaria eficaz del uso racional, consciente y responsables de los recursos naturales en sus diversas formas de existencia para un mejor aprovechamiento para el desarrollo económico. Desde esta perspectiva, la Diplomacia Internacional puede jugar un papel oportuno frente a la crisis compleja humanitaria que padecen colombianas y colombianos, optando por variantes y viables solución al conflicto, vía el buen oficio de intermediación del quehacer de la Diplomacia Internacional.
No se está planteando bajo ningún motivo, que mediante el ejercicio de la Diplomacia Internacional o Cortes Internacionales de Derechos Humanos, Colombia y su pueblo sea objeto de injerencia en sus asuntos internos, Lo que se pretende es denunciar la crisis humanitaria que han venido padeciendo el pueblo colombiano, sus voceros o líderes sociales, comunitarios, ambientalistas que han sido calumniados, perseguidos, injuriados, judicializado y criminalizados por la acción del Estado terrorista, su Fuerza Pública, su policía y sus aparatos de inteligencias, que han perpetrados crímenes de lesa humanidad, genocidios sobre miles de connacionales que, hasta la fecha están en una situación de indefensión predominante, por la impunidad imperante, el encubrimiento absoluto, la complicidad marcada, por la corrupción faraónica institucionalizadas.
La Diplomacia Internacional con la finalidad de ser reconocida como legitima entre los pueblos del mundo, al propugnar por la solidaridad, el acompañamiento y el apoyo en la resolución de los complejos conflictos en que se encuentran muchos países, para ello, el desarrollo de la Diplomacia Internacional debe estar al margen de toda sospecha de complicidad, encubrimiento de la impunidad y la corrupción. La Diplomacia Internacional debe ser un foro por la paz, lo cual requiere construir una pedagogía de entendimiento y diálogo del más alto nivel bien sustentados y argumentados que propicie salidas negociadas a los conflictos de guerra, de terrorismo de Estado, con base en la investigación y diagnósticos donde se juzgue, se enjuicie y se condene a gobiernos genocidas, criminales de lesa humanidad.
Como es el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) que se caracterizó por ser terrorista, un narco Estado genocida y fomentador de todo tipo de crímenes de lesa humanidad y genocidios confeso por el mismo Uribe Vélez, que hoy en día, sigue en completa liberta y gozando de privilegios. También que el actual gobierno de Iván Duque se le abra un expediente de investigación por ser responsables de crímenes de lesa humanidad y genocidios.