Entre la derecha y la derecha: elecciones en Costa Rica
Por Iván Molina Jiménez
El domingo 6 de febrero de 2022 se realizarán elecciones en Costa Rica para escoger a la persona que ocupará la presidencia de la República durante los próximos cuatro años y a 57 representantes a la Asamblea Legislativa. Para estos comicios, se inscribieron 27 partidos políticos, de los cuales dos fueron descalificados por el Tribunal Supremo de Elecciones debido a que no cumplieron con los procedimientos establecidos. Un número tan elevado de competidores electorales, en un país donde solo 3,5 millones de personas están inscritas para votar (la mayoría de edad se alcanza a los 18 años), se explica por una situación de mediano plazo y otra de corto plazo.
A mediano plazo, Costa Rica ha experimentado una crisis de las identidades partidarias desde finales de la década de 1990. Tal proceso fue resultado de que los dos partidos mayoritarios, Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), empezaron a confluir en su apoyo a iniciativas favorables al libre mercado, también conocidas como neoliberales. A la vez, fueron afectados por crecientes escándalos de corrupción. Durante la campaña electoral de 1994, el candidato presidencial del PLN, José María Figueres, prometió romper con el neoliberalismo y retornar a las políticas socialdemócratas que el PLN impulsó en el período 1950-1978. Sin embargo, después de ganar los comicios, firmó un pacto con Rafael Ángel Calderón, líder del PUSC, para profundizar la reforma neoliberal.
Figueres respondió a las masivas protestas populares en su contra con una abierta represión, que se ensañó especialmente contra maestros y profesores (en su mayoría mujeres). Su administración presidencial tuvo un enorme costo para el PLN, que perdió consecutivamente los comicios de 1998 y 2002. También el sistema político fue afectado: el abstencionismo, que fue de 18 por ciento en el período 1982-1994, ascendió a 30 por ciento en 1998. En 2006, el PLN y el PUSC, capturaron apenas el 46 por ciento de los votos presidenciales válidos, 51 puntos porcentuales menos que en el período 1986-1994, cuando ambos partidos concentraron el 97 por ciento de dicha votación.
Con la crisis del bipartidismo, se abrió un espacio para fundar nuevos partidos, de los cuales el más importante fue Acción Ciudadana (PAC). Creado en el año 2000 por exdirigentes del PLN, el PAC se propuso combatir la corrupción y retornar a las políticas socialdemócratas de antaño (debido a esto, el PAC ha sido considerado un partido de izquierda, algo que no es). En los comicios de 2002, el PAC se ubicó en tercer lugar y, por vez primera en la historia de Costa Rica, obligó a definir la elección presidencial en segunda vuelta entre los candidatos del PUSC y del PLN. Aunque fueron los más votados, ninguno alcanzó el 40 por ciento de los votos válidos necesario para adjudicarse el triunfo.
En las elecciones de 2006, el PAC casi ganó la presidencia, pero perdió frente al PLN, liderado por el expresidente Óscar Arias. Con el propósito de neutralizar al PAC, el PLN combinó un neoliberalismo moderado con una reactivación de la inversión social, estancada desde 1990. Al dotar de mayores fondos a la educación y la salud, y al mejorar los salarios de los empleados públicos, el PLN recuperó parcialmente el apoyo de sus históricas bases electorales, lo que le valió mantenerse en el poder en 2010. Sin embargo, desgastado por dos gobiernos consecutivos y nuevos escándalos de corrupción, el PLN perdió los comicios de 2014 frente al PAC, que llevó a la presidencia al exliberacionista Luis Guillermo Solís.
Solís mantuvo el estilo de gobierno de las dos administraciones del PLN que le precedieron: neoliberalismo moderado con una reactivada inversión social, pero tal combinación resultó insostenible, no solo por la regresividad tributaria de Costa Rica, sino por la extendida defraudación fiscal, practicada principalmente por los profesionales liberales –en particular médicos y abogados– y la oligarquía empresarial. A la presión de las cámaras patronales y sus aliados mediáticos para aprobar una regresiva reforma fiscal, el gobierno de Solís respondió a inicios de 2016 con la denuncia de que la defraudación fiscal ascendía al 8 por ciento del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de dólares al año.
Ante eso, esas cámaras y los medios que las representan iniciaron una campaña para demonizar al Estado y criminalizar a los empleados públicos. Para finales de 2017, parecía claro que el resultado de la elección presidencial de 2018 se definiría en segunda ronda entre el PLN y el PUSC. Sin embargo, una situación inesperada de corto plazo modificó el escenario electoral. En enero de 2018 y en respuesta a una consulta previa hecha por Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
Tal sentencia, rechazada por la Iglesia católica y diversas denominaciones evangélicas, fue aprovechada por el Partido Restauración Nacional (PRN), de corte religioso, para crecer en las encuestas. Al tratar de competir en el campo de la fe con el PRN, el PLN y el PUSC alejaron a amplios sectores de sus simpatizantes, que apoyaron al PAC. Realizadas las elecciones de febrero de 2018, el PRN quedó en primer lugar y el PAC en segundo, pero ninguno obtuvo el 40 por ciento de los votos necesario para alcanzar la presidencia. Desde entonces y hasta el primero de abril de 2018, Costa Rica se sumió en una verdadera guerra religiosa, que enfrentó a católicos y evangélicos. Al final, el PAC ganó la segunda vuelta gracias a que se alió con el PUSC, mientras que el PRN fracasó en lograr un acuerdo con el PLN.
Una vez en el poder, el nuevo presidente, Carlos Alvarado, dejó la política económica en manos de cuadros del PUSC, que impulsaron un neoliberalismo de línea dura, al que se sumó la fracción legislativa del PLN. Si en 2018 se aprobó la más regresiva reforma fiscal llevada a cabo en Costa Rica, en 2020 se promulgó una legislación que facilita disolver sindicatos y criminalizar la protesta social. Con el advenimiento de la pandemia por COVID-19, que limitó las protestas sociales masivas, el gobierno impulsó nuevas iniciativas para reducir jornadas laborales y salarios, que favorecieron a las oligarquías empresariales a costa de los sectores medios y las clases trabajadoras (al respecto, puede verse el libro El Gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica).
Pese al creciente descontento de la sociedad civil, no parece que las elecciones del 6 de febrero próximo cambien el balance de fuerzas políticas. Los partidos de izquierda son muy débiles, están dirigidos por intelectuales y, aunque tienen algún apoyo de los empleados públicos, carecen de arraigo entre las clases trabajadoras (se persigue al sindicalismo en el sector privado). Según la última encuesta efectuada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, el 41 por ciento del electorado se encuentra indeciso, mientras que, de las personas decididas a votar, el 17 por ciento apoya al PLN, que postula al expresidente Figueres, y el 15 por ciento al PUSC, cuya aspirante es Lineth Saborío, vicepresidenta durante el último gobierno del PUSC (2002-2006). Los restantes partidos captan 6,9 por ciento o menos de la intención de voto.
Tanta incertidumbre y volatilidad electoral incentivaron la inscripción. La mayoría de los partidos espera que se repita lo ocurrido en 2018: que una situación inesperada redefina las intenciones de voto y los catapulte a la segunda vuelta. Por el momento, esa expectativa no se ha cumplido y el PLN y el PUSC son los más firmes candidatos al balotaje. Si al final sucede así, es probable que Saborío derrote a Figueres, con lo cual los cuadros neoliberales de línea dura del PUSC, que forman parte del actual gobierno del PAC, podrían mantenerse en el poder. A diferencia de otros países de América Latina, en donde las elecciones recientes han abierto prometedoras opciones de cambio, una Costa Rica cada vez más desigual y políticamente fisurada se prepara para escoger entre dos derechas. Su proyecto común es que una de las más antiguas democracias latinoamericanas se asemeje al Chile remodelado por la dictadura de Augusto Pinochet.
Iván Molina Jiménez es un escritor e historiador costarricense.