La pandemia ensanchó la brecha entre el Norte global y el Sur global
Por Eric Toussaint
Frente a la pandemia de la Covid-19, que comenzó a fines de 2019 y comienzos del 2020, según los países, la respuesta de los gobiernos de los países que forman parte tradicionalmente de las potencias imperialistas (Europa occidental, Estados Unidos y Canadá, Japón, Australia-Nueva Zelanda) y de las grandes compañías farmacéuticas privadas ampliaron la brecha entre el Norte global y el Sur global
COVAX no es la solución
Para el Big Pharma es más rentable y más seguro suministrar prioritariamente a los países ricos, ya que los gobiernos del Norte financian por adelantado una parte de la producción y no tienen problemas en pagar un precio alto. Y es evidente que las grandes compañías farmacéuticas les dieron a esos países una prioridad absoluta. Las cifras que indican la distribución geográfica del suministro de vacunas son elocuentes. Para Moderna, la Unión Europea y Estados Unidos representan el 84 % de sus ventas totales. Para Pfizer/BioNTech el 98 % de sus ventas y el 79 % para Johnson & Johnson se realizaron en países de ingresos altos o medios superiores. Pfizer y BioNTech, por el momento, solamente al Estado sueco proveyeron nueve veces más dosis que a todos los países de ingresos bajos reunidos.
La cartografía de la vacunación indica también muy claramente que una parte del mundo fue dejada de lado. Recordemos que, a comienzos de octubre de 2021, sobre las 5.76 mil millones de dosis inyectadas en el mundo, el 0,3% fueron a países de ingresos bajos donde viven 700 millones de personas. Solamente el 2,1% de la población de los 27 países de ingresos bajos recibieron una dosis de una vacuna contra la Covid-19, mientras que más del 60% de la población de Estados Unidos y Canadá y de Europa occidental está vacunado.
Los gobernantes de unos pocos países ricos se oponen al levantamiento de las patentes que desean más de 100 países del Sur global. Entre los que se oponen de forma más notoria encontramos a la Unión Europea, Suiza y Japón. En el caso de Estados Unidos, aunque el presidente Joe Biden había anunciado, en mayo de 2021, que era favorable al levantamiento de las patentes, hasta ahora, no hizo lo necesario para convencer a los gobiernos que bloquean ese dosier en las Organización Mundial del Comercio (OMC).
Gracias a las patentes y a la ayuda de los Estados, se dio al Big Pharma una renta ilegítima
Los precios que piden esas farmacéuticas por las vacunas anticovid son totalmente abusivos. Dos ejemplos: según los cálculos basados en las investigaciones de Public Citizen, la producción a gran escala de la vacuna Pfizer/BioNTech cuesta a la empresa solo 1.20 dólares por dosis. La vacuna le cuesta a Moderna cerca de 2.85 dólares por dosis. No obstante Pfizer pide hasta 23.50 dólares por dosis en algunos países y Moderna llega a 37 dólares.
Para justificar esos precios elevados de las vacunas, medicamentos y tratamientos, los representantes de la industria farmacéutica ponen por delante el alto nivel de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) y en los ensayos clínicos. Ese argumento es generalmente fácil de refutar, pero, en este caso de la producción de vacunas anticovid, cae por su propio peso ya que los gastos en I+D y en ensayos clínicos fueron financiados por los poderes públicos con el dinero de los contribuyentes.
Los gobiernos del Norte al decidir inyectar una tercera dosis de la vacuna favorecen a los intereses particulares del Big Pharma que obtendrá un beneficio extra. Si las patentes de las vacunas anticovid, de las pruebas (PCR, antígenos…) de los medicamentos no se levantan o simple y llanamente se suprimen, las grandes empresas que dominan el sector de la farmacia acumularán durante los próximos 20 años unos ingresos colosales a costa de la población, de los presupuestos de los Estados y de los sistemas públicos de salud. El dilema es por lo tanto enorme, puesto que sabemos que serán recomendadas o impuestas otras dosis a medida que surjan nuevas mutaciones del virus. Imaginemos una inyección anual durante 20 años con una vacuna protegida por una patente y por lo tanto vendida a un precio elevado… Eso genera una renta extraordinaria.
El comportamiento escandaloso de los gobiernos capitalistas más industrializados, que ampliaron deliberadamente la brecha que los separa de los pueblos de países de ingresos bajos, está ilustrado por la tercera dosis de la vacuna. Hasta noviembre de 2021, esos gobiernos hicieron administrar la tercera dosis de la vacuna a 120 millones de habitantes de los países ricos mientras que el total de vacunas administradas en los países empobrecidos llega apenas a 60 millones de personas. Se trata realmente de un apartheid en salud pública.
Por otro lado, Amnistía Internacional tiene razón en denunciar a AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax ya que «esas seis empresas, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y compartir su tecnología, y además, la mayoría de esas industrias farmacéuticas se abstienen de enviar vacunas a los países pobres.»
COVAX no es la solución
Los gobiernos de los países del Sur deberán endeudarse si quieren ver a su población vacunada, ya que las iniciativas del tipo COVAX son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado. COVAX está codirigido por tres entidades: 1. La Alianza GAVI, una estructura privada en la que participan empresas y Estados. 2. La Coalición para las innovaciones sobre la preparación a las epidemias (CEPI), que es otra estructura privada en la que participan igualmente firmas capitalistas y Estados. 3. La Organización Mundial de la Salud, OMS, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas.
La composición de la iniciativa COVAX nos dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia en particular y con respecto a la salud pública en general. Eso se enmarca en la ola de neoliberalismo que inunda el planeta desde los años 1980. El Secretario General de las Naciones Unidas así como las direcciones de las agencias especializadas del sistema de la ONU (por ejemplo la OMS encargada de la salud y la FAO encargada de la agricultura y de la alimentación) sufrieron una fuerte evolución, en la mala dirección, durante los últimos treinta o cuarenta años. Desde esa época se remitieron cada vez más a la iniciativa privada dirigida por un número restringido de grandes empresas de acción planetaria. Los jefes de Estado y de gobierno tomaron el mismo camino. Podríamos decir que son los gobiernos los que tomaron la iniciativa pero, al hacerlo, se aceptó que esas grandes empresas se vean asociadas a las decisiones, y salgan favorecidas en las opciones elegidas.
Recordemos que hace más de 20 años que las y los investigadores y los movimientos sociales, especializados en el ámbito de la salud, propusieron que las administraciones públicas invirtieran dinero suficiente para producir medicamentos eficaces y vacunas contra los diferentes virus de «nueva generación» ligados al aumento de las zoonosis. Una gran mayoría de Estados prefirió remitirse para ese problema al sector privado, permitiéndole tener acceso a los resultados de investigaciones realizadas por organismos públicos, cuando, en realidad, lo necesario era invertir directamente en la producción de vacunas y de tratamientos en el marco de un servicio público de salud.
Ya lo hemos visto: la iniciativa COVAX no constituye en absoluto una solución. COVAX había prometido suministrar, antes del final de 2021, 2 mil millones de dosis a los países del Sur que las pidieran y que estén asociados a la iniciativa. En realidad, se constató que a principios de septiembre de 2021, solamente 243 millones de dosis fueron enviadas al Sur. Así que, como consecuencia, el objetivo de los 2 mil millones de dosis se retrasa al primer semestre de 2022. De hecho, ninguna de las grandes potencias del Norte cumplió con las promesas que había hecho.
Según un balance oficial realizado en diciembre de 2021, COVAX, hasta este momento, solamente entregó 600 millones de dosis a 114 países o territorios, muy lejos del objetivo inicial de 2 mil millones para el año 2021. Al día de hoy, se han administrado 9 dosis por cada 100 habitantes en los países de ingresos bajos (según el Banco Mundial). Como comparación, la media mundial llega a 104 dosis por cada 100 habitantes. Esa cifra llega a 149 dosis por cada 100 habitantes en los países de ingresos altos. África es el continente menos vacunado, con 18 dosis por cada 100 habitantes.
C-TAP (Grupo de acceso a las tecnologías contra la Covid-19) es otra iniciativa decepcionante tomada por la OMS. C-TAP incluye los mismos protagonistas que COVAX. Fue creada para poner en común la propiedad intelectual, los datos y los procedimientos de fabricación, alentando a las firmas farmacéuticas poseedoras de patentes a conceder a otras compañías el derecho de producir vacunas, medicamentos o tratamientos, facilitando la transferencia de tecnología. Ahora bien, hasta hoy, ningún fabricante privado de vacunas compartió sus patentes o sus conocimientos por medio del C-TAP.
Iniciativas como COVAX y C-TAP fracasaron lamentablemente, no solo debido a su falta de adecuación, sino, sobre todo, porque responden al fracaso del sistema actual de gobernanza mundial por parte de iniciativas en las que los países ricos y las multinacionales, a menudo bajo la forma de fundaciones, tratan de remodelar el orden mundial a su gusto. La filantropía y las iniciativas público-privadas en pleno auge no son la solución. Y todavía lo son menos frente a los retos planetarios actuales en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas solamente por la ley del mercado y el máximo beneficio.
Traducido por Griselda Pinero
— Eric Toussaint doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM internacional y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.