UNA EVALUACIÓN DE FIN DE AÑO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTADOS UNIDOS
de Border/Lines
El panorama general
Un largo año está llegando a su fin y, en lo que respecta a la política migratoria, tenemos muy poco que mostrar. No se ha aprobado ninguna legislación migratoria. Desde anoche, el Senado ha fallado en contra del plan C de los demócratas en materia de inmigración, que consistía en crear un programa generalizado para conceder libertad condicional humanitaria (angustiosamente endeble) a millones de personas, y no hay razón para pensar que los senadores demócratas vayan a anular su decisión. El Departamento de Justicia ha dado marcha atrás en los acuerdos para las familias separadas, abandonando las negociaciones. Los Protocolos de Protección de Migrantes han vuelto, y el Título 42 nunca se fue. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. son un caos disfuncional, los tribunales de inmigración están atascados y son ineficientes, EE.UU. no cumplió con su –ya bajo– límite de refugiados en 50.000, y la población detenida está creciendo, sobre todo en las cárceles de inmigración privadas.
El gobierno de Biden ha tomado algunas medidas positivas para inyectar algo de racionalidad y humanidad en el sistema, incluyendo la limitación de la aplicación de la ley en el lugar de trabajo e instituyendo nuevas prioridades de aplicación (aunque éstas no fueron exactamente revolucionarias). No todas ellas se han mantenido; las prioridades, por ejemplo, han sido bloqueadas en los tribunales. Volvió a designar y amplió algunas designaciones de Estatus de Protección Temporal. Biden esperó hasta un mes después de su toma de posesión, pero finalmente puso fin a las prohibiciones de inmigración y de viaje relacionadas con la pandemia de Trump que había dejado inicialmente en vigor. Aun así, en general, la forma en que el sistema de inmigración a todos los niveles está funcionando ahora es sustancialmente similar a la forma en que estaba funcionando hace un año. Al final, Biden, el Congreso y los tribunales no han sido particularmente buenos ni tampoco malos. Principalmente, han conseguido mantener el statu quo que venía de los años de Trump, que en sí mismo era bastante malo.
Así que, mientras nos despedimos de 2021, hemos pensado en echar un vistazo a dos áreas significativas de la política de inmigración, y cómo han terminado este año:
Acción legislativa
Las cosas empezaron siendo algo alentadoras, al menos más de lo que lo habían sido en años. Los demócratas tenían la presidencia y mayorías en ambas cámaras del Congreso, aunque la más escasa de todas las mayorías posibles en el Senado. En una época anterior, tal vez habrían podido contar con un puñado de republicanos que apoyaran las vías de acceso a la ciudadanía para los indocumentados y las reformas de los sistemas de inmigración, generalmente favorables a las empresas, pero en ese momento el alarmismo abyecto vil sobre la inmigración se había convertido en una prueba de fuego en el Partido Republicano, el GOP.
Desde el principio, los defensores de la inmigración se mostraron cautelosamente optimistas y animados por la propuesta legislativa inicial de Biden, que hacía hincapié en las vías para la obtención de la ciudadanía sin la habitual contrapartida de comprar a la Patrulla Fronteriza nuevos tanques Abrams o cualquier otra cosa que los republicanos exigieran para la “seguridad fronteriza” en esta ocasión. Parecía que el presidente iba a respaldar una sólida agenda legislativa para la regularización, aunque no llegara a una verdadera reforma del funcionamiento de los sistemas de inmigración. En marzo, la Cámara de Representantes aprobó la “Ley del Sueño y la Promesa”, el último vástago de la antigua Ley DREAM, y luego la Ley de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola, que proporcionaría protección y eventual residencia y ciudadanía a una gran población de DREAMers, titulares de TPS y DED, y trabajadores agrícolas, respectivamente. Esta última también introduciría cambios en los visados de trabajo agrícola.
Luego, los proyectos de ley murieron en el Senado. Los demócratas moderados se opusieron a poner fin al filibusterismo (donde se aprueba anteproyectos de ley no por simple mayoría, que es la norma, sino con el 60% de los votos) los legisladores de un partido ocupan el tribunal por largos periodos de tiempo para impedir la votación de una determinada legislación-TN), y no había manera de que los proyectos de ley recibieran nueve o más votos republicanos. No importaba, el Congreso todavía tenía que abrirse paso a través del enorme proyecto de ley de reconciliación que constituía la columna vertebral de la agenda de “Reconstruir Mejor” de Biden, podría incluir medidas de inmigración dentro de toda una serie de otras iniciativas populares, que podrían ser aprobadas colectivamente con los 51 votos que podían reunir al incluir a la vicepresidenta Kamala Harris. El primer esfuerzo fue ambicioso, combinando elementos de Sueño y Promesa con el Proyecto de Ciudadanía de EE.UU. de Biden para ofrecer a millones de trabajadores esenciales, DREAMers y otros un camino hacia la eventual ciudadanía. Entonces, Senadora y ex fiscal de inmigración Elizabeth MacDonough se pronunció en contra, alegando que el cambio en materia de inmigración era meramente incidental al presupuesto y, por tanto, incompatible con el proceso de conciliación.
Los demócratas del Senado decidieron hacerle caso omiso, aunque podrían haberlo realizado. En su lugar, desarrollaron una alternativa, que denominaron “Plan B”. Se trataba de actualizar la fecha de corte del registro, una parte oscura pero potente de la ley de inmigración instituida hace aproximadamente un siglo para permitir a las personas que habían estado físicamente presentes en Estados Unidos desde una fecha determinada y que no eran inadmisibles por otros motivos, solicitar la residencia permanente. Se había quedado en gran medida obsoleta, ya que la fecha no se modificó desde principios de 1972, y los legisladores la aprovecharon como una forma extremadamente sencilla de lograr más o menos el mismo objetivo. Pero MacDonough lo rechazó. Al final, se conformaron con un raquítico programa de libertad condicional humanitaria masiva, que proporcionaría a millones de inmigrantes indocumentados una protección contra la deportación y una autorización de trabajo, pero no una vía hacia el estatus permanente ni una gran garantía de que estarían protegidos a largo plazo. Ayer, MacDonough también lo rechazó.
Ahora, algunos demócratas del Senado están presionando a sus colegas para que hagan caso omiso a MacDonough y se decanten por su primera opción, incluyendo un camino generalizado hacia la ciudadanía en la conciliación. Tienen el poder definitivo para hacerlo, pero es dudoso que los mismos demócratas que se oponen a la terminación del filibuster -principalmente los senadores Joe Manchin y Krysten Sinema, aunque es probable que otros estén usando a estos dos como cobertura para su propia oposición- consientan esta ruptura del precedente, particularmente porque todo el marco del BBB está ahora en riesgo.
En cualquier caso, esto no se va a aprobar este año, lo que significa que los logros legislativos en materia de inmigración de este año no llegan a nada, al igual que en los últimos treinta años. El año que viene parece que no se presenta precisamente muy diferente.
Solicitantes de asilo y refugiados
Como candidato, Biden tuvo agudas críticas a las políticas fronterizas de la administración Trump. Permanecer en México, tuiteó en mayo, es “peligroso, inhumano y va en contra de todo lo que defendemos como nación de inmigrantes.” La separación de familias era “aborrecible”. Si es elegido, Biden prometió que “terminaría el trabajo de construir un sistema de inmigración justo y humano, restaurando el progreso que Trump ha deshecho cruelmente y llevándolo más allá.” A diferencia de Trump, Biden “aseguraría nuestra frontera, al tiempo que garantizaría la dignidad de los migrantes y defendería su derecho legal a solicitar asilo.”
Pero como presidente, Biden ha mantenido, en cambio, muchas de las políticas fronterizas de Trump -incluidas las que había denunciado anteriormente-, y en algunos casos las ha ampliado.
Biden hizo algunos esfuerzos para restablecer la situación en la frontera al statu quo anterior a 2016. Creó un grupo de trabajo de reunificación familiar para identificar y reunir a las familias que habían sido separadas bajo la política de tolerancia cero de la administración Trump en 2018. Puso fin al programa Permanecer en México (conocido oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante, MPP en inglés), y permitió que el Departamento de Justicia reabriera los casos de algunos migrantes a los que se les había ordenado la deportación en ausencia. No puso fin al Título 42, la norma de salud pública que permite la “expulsión” rápida de los solicitantes de asilo en la frontera, pero la administración prometió comenzar a eliminarlo gradualmente para el 31 de julio. Hasta entonces, trabajó con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos de los inmigrantes y proveedores de servicios legales para poner en marcha un proceso de exención para un pequeño número de migrantes.
En última instancia, sin embargo, la administración no fue mucho más allá de eso, y en algunos casos, dio marcha atrás en sus propios esfuerzos para hacer retroceder las políticas fronterizas de Trump, o para reparar los daños causados bajo la administración anterior.
Esta semana, el Departamento de Justicia puso fin a las negociaciones de liquidaciones con las familias que habían sido separadas bajo la política de tolerancia cero de 2018. Biden había descartado previamente la idea de que las familias separadas recibieran pagos de liquidación de hasta 450,000 dólares por demandante. Un portavoz de la Casa Blanca dijo más tarde que la administración estaba “perfectamente cómoda” para llegar a un acuerdo con las familias separadas bajo el mandato de Trump, pero que la cifra que se había informado era demasiado alta. Ahora parece que los acuerdos no se producirán en absoluto, al menos no por el momento.
La administración se esforzó más por poner fin a la permanencia en México, pero finalmente tuvo que restablecer la política tras un recurso judicial. Dos estados demandaron al gobierno de Biden por su intento de acabar con el MPP, y un juez federal acabó ordenando su reimplantación. Sin embargo, la segunda ronda del MPP no tenía que aplicarse inmediatamente, ni tenía que aplicarse de la forma en que el gobierno de Biden decidió recuperarlo. Dos de las condiciones para su reimplantación eran el acuerdo del gobierno mexicano y la cooperación de los grupos de defensa de los migrantes y los proveedores de servicios legales. En octubre, miembros de grupos de defensa de los migrantes abandonaron una reunión con funcionarios de la administración sobre la reimplantación del MPP. La administración ha optado por reintroducir la política de todos modos, y la ha ampliado para que cualquier migrante del hemisferio occidental pueda ser incluido en el programa. (Bajo la administración anterior, el MPP sólo se aplicaba a los migrantes de países de habla hispana y, más tarde, a los de Brasil).
Eso no significa que todos los migrantes que pidan asilo serán colocados en el MPP. Hasta ahora, los migrantes devueltos a México en el marco del MPP proceden principalmente de Sudamérica y el Caribe. Los migrantes centroamericanos y mexicanos, por su parte, siguen siendo expulsados en su mayoría bajo el Título 42.
La persistencia del Título 42 ha sido quizás la mayor llamada de atención para aquellos que creían que Biden desharía la más destructiva de las políticas fronterizas de Trump. Se suponía que el proceso de exención humanitaria iba a ser una rampa de salida, un paso inicial hacia la eliminación total del Título 42. En cambio, el 31 de julio -el día en que la administración sugirió que comenzaría a dejar que las familias migrantes entraran en el país para pedir asilo, como lo exige la ley- anunció que el Título 42 estaba aquí para quedarse indefinidamente. El proceso de exención terminó, y aquellos que habían esperado encontrar alguna forma de alivio, por muy retrasada que fuera, se quedaron de nuevo en el limbo.
Nada de esto sería posible sin la cooperación del gobierno mexicano. Bajo el mandato de Trump, México movilizó a su Guardia Nacional a su frontera sur con Guatemala como parte de un esfuerzo regional para evitar que los migrantes centroamericanos llegaran a la frontera entre Estados Unidos y México. Dos años después, las fuerzas mexicanas siguen trabajando para evitar la migración no autorizada. Se han desplegado para disolver caravanas de migrantes, lo que ha provocado la muerte de al menos un migrante. México también coopera tácitamente con el MPP y el Título 42, que exigen la presencia de miles de migrantes en ciudades mexicanas a lo largo de la frontera norte del país con EE.UU. El gobierno mexicano ha ofrecido permisos de residencia y de trabajo a algunos migrantes que se dirigían a EE.UU., pero ha proporcionado pocos otros recursos, dejando la atención a largo plazo de los migrantes en manos de organizaciones de ayuda humanitaria.
A la administración no le ha ido mucho mejor con respecto a la política de refugiados. En un principio, Biden se negó a levantar el tope de refugiados para el año fiscal 2021, que Trump había fijado en un mínimo histórico de 15,000. Finalmente, la administración elevó el límite de admisiones de refugiados a 62,500 tras la extrema presión política, pero Biden lo hizo demasiado tarde para que tuviera un gran impacto en el número total de admisiones, que alcanzó sólo 11,411 al final del año fiscal. El límite para el año fiscal 2022, que comenzó el 1 de octubre, es de 125,000, pero los primeros informes sugieren que Estados Unidos podría no alcanzar esa cifra, dado el énfasis actual en el reasentamiento de afganos a los que se les concedió la entrada mediante la libertad condicional humanitaria.
Fuente: borderlines.substack.com