Ex Procurador General de Israel: Con gran tristeza concluyo que mi país es ahora un régimen de apartheid
— Michael Benyair, ex Procurador General de Israel, está de acuerdo con Amnistía Internacional.
Por Michael Benyair
Durante el último año se ha dado un debate público sobre si las acciones que el gobierno israelí está llevando a cabo en los Territorios Palestinos Ocupados pueden calificarse de apartheid de acuerdo con el derecho internacional.
El 1 de febrero, Amnistía Internacional se convirtió en la última ONG en calificarlo de apartheid, calificándolo de “sistema cruel de dominación y crimen contra la humanidad”. Esto siguió a declaraciones anteriores de apartheid por parte de otros grupos de derechos humanos, Yesh Din, B’Tselem y Human Rights Watch
Como antiguo Procurador General de Israel, he dedicado mi carrera a analizar las cuestiones jurídicas más acuciantes de Israel. La ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este fue un dilema fundamental durante mi mandato y después.
Una grave injusticia
La continua dominación de Israel sobre estos territorios es una flagrante injusticia que debe rectificarse urgentemente.
Con gran tristeza debo concluir también que mi país se ha hundido hasta tales profundidades políticas y morales que ahora es un régimen de apartheid. Es hora de que la comunidad internacional reconozca también esta realidad.
Desde 1967 las autoridades israelíes han justificado la ocupación alegando que es temporal hasta que se pueda encontrar una solución pacífica entre israelíes y palestinos. Sin embargo, ya han pasado cinco décadas desde que estos territorios fueron conquistados e Israel no muestra ningún interés en rescindir este control.
Es imposible concluir lo contrario: la ocupación es una realidad permanente. Es una realidad de un solo Estado, con dos pueblos diferentes que viven con derechos desiguales.
Violando el derecho internacional, Israel ha trasladado a más de 650.000 de sus ciudadanos judíos a vivir en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. Estos asentamientos se establecen en zonas que rodean a los pueblos palestinos, fragmentando intencionadamente a las comunidades palestinas entre sí, para impedir en última instancia la posibilidad de un Estado palestino contiguo. En Jerusalén Este, las leyes de propiedad discriminatorias están obligando a los palestinos a abandonar sus hogares en una política de judaización de la ciudad respaldada por el Estado.
No hay “dos Israeles”
En la zona C de Cisjordania, se están utilizando leyes de planificación discriminatorias para expulsar a las comunidades palestinas de sus tierras. Estas comunidades se enfrentan a un diluvio de violencia por parte de los colonos desde los puestos de avanzada no autorizados (ilegales incluso según la legislación israelí), cuyos autores se enfrentan a pocas o ninguna consecuencia.
Cualquier intento de resistirse al apartheid es fuertemente vigilado o criminalizado, como lo demuestra la falsa designación de grupos de la sociedad civil palestina como terroristas por parte del Ministerio de Defensa israelí.
Los sucesivos gobiernos israelíes, incluido el reciente gobierno de coalición que se autoproclamó como un cambio respecto a la intransigencia de Netanyahu, han afirmado sistemática y públicamente que no tienen intención de establecer un Estado palestino.
Sin embargo, gran parte del debate en la comunidad internacional funciona como si el comportamiento de Israel en los territorios ocupados pudiera distinguirse de la democracia liberal que existe dentro de la Línea Verde. Esto es un error.
Sencillamente, no se puede ser una democracia liberal si se practica el apartheid sobre otro pueblo. Es una contradicción en sí porque toda la sociedad israelí es cómplice de esta realidad injusta.
Es el gabinete ministerial israelí para los asentamientos el que aprueba cada asentamiento ilegal en los territorios ocupados. Fui yo, en mi calidad de Procurador General, quien aprobó la expropiación de tierras privadas palestinas para construir infraestructuras como carreteras que han afianzado la expansión de los asentamientos.
Son los tribunales israelíes los que defienden las leyes discriminatorias orientadas a expulsar a los palestinos de sus hogares en Jerusalén Este y de sus tierras en Cisjordania. Sus proveedores de servicios sanitarios operan por encima de la Línea Verde. Y los ciudadanos israelíes pagan en última instancia los impuestos que subvencionan el afianzamiento del control y la dominación del gobierno en estos territorios.
Entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, es Israel quien priva permanentemente a millones de palestinos de sus derechos civiles y políticos. Esto es el apartheid israelí.
¿Hay esperanza?
Hay dos posibles soluciones democráticas que pueden resolver este statu quo. La primera es conceder a todos los que viven bajo control israelí la plena ciudadanía y la igualdad.
Desgraciadamente, este escenario conduciría a la pérdida de la mayoría judía y a la “balcanización” de todo el territorio, lo que aumentaría la probabilidad de un conflicto irresoluble.
La segunda solución posible sería que Israel se retirara de los territorios ocupados y estableciera un Estado palestino que conviviera con Israel. Esto no sólo garantizaría un reparto justo de la tierra entre los palestinos autóctonos y el pueblo judío, perseguido desde hace miles de años. También garantizaría una solución sostenible al conflicto palestino-israelí y el fin del apartheid.
El statu quo sobre el terreno es una abominación moral. La demora de la comunidad internacional en tomar medidas significativas para que Israel rinda cuentas por el régimen de apartheid que está perpetuando es inaceptable.
Michael Benyair es ex Procurador General de Israel y ex juez en funciones de la Suprema Corte israelí.
Fuente: https://www.thejournal.ie/readme/israel-apartheid-5678541-Feb2022/?utm_source=shortlink
fuente: https://www.jornada.com.mx/2022/02/10/edito