Bolivia: poder institucional y poder de masas en el proceso de cambio
Por Estefanía Prado y Alfredo Rada
En octubre de 2020 el izquierdista Luis Arce Catacora ganaba las elecciones presidenciales con el 55% de apoyo en las urnas. Concluía así en Bolivia, con la derrota coyuntural de las fuerzas de derecha, el régimen instaurado con el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.
¿A qué se debió la derrota de los golpistas? Al enorme desgaste originado en su incapacidad para gobernar, a la corrupción generalizada y a la violenta represión luego del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Los movimientos sociales campesinos, obreros y populares fueron los que con sus movilizaciones en el difícil contexto de una pandemia, aseguraron la realización de elecciones. El Movimiento al Socialismo (MAS), organización de la que es fundador Evo Morales y militante Arce Catacora, actuó como el instrumento político de esos movimientos sociales.
Una vez que Luis Arce asume la presidencia tenía tres grandes desafíos:
1) Hacer justicia por las masacres (así definidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de noviembre del 2019 en las localidades de Sacaba y Senkata, donde murieron 38 personas en operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército.
2) Controlar la pandemia del Covid 19, y
3) Recuperar la economía, luego de la caída del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el régimen de facto de Jeanine Añez.
Esta caída no sólo fue por la pandemia, sino por los paros cívico-regionales previos al golpe de noviembre del 2019, y por la pésima administración macroeconómica realizada por los golpistas.
En noviembre del 2021 y a modo de balance del primer año de gobierno de izquierda, era claro que en el tema de salud se lograron importantes avances en la vacunación de la población boliviana, evitando los rebrotes contagiosos y garantizando provisión de vacunas en dos/tres dosis para todos y todas. En el tema económico, siendo Luis Arce uno de los artífices del modelo económico boliviano, pudo controlar la caída del PIB reactivando la economía, manteniendo la fortaleza de la moneda boliviana sin devaluaciones y con la inflación bajo control. Los niveles de desempleo, que subieron hasta el 8% de la Población Económicamente Activa (PEA), el gobierno de Arce los bajó al 4,48%, aunque debemos decir que estructuralmente persiste el subempleo y el empleo informal.
En lo que no se avanzó como las violaciones a los derechos humanos lo demandan, fue en Justicia, que pasa por procesar no sólo a Jeanine Añez (que está con detención preventiva desde hace un año) sino a todos los golpistas del 2019. Nos referimos a Carlos Mesa (líder de la oposición que convocó a las movilizaciones violentas el 2019 contra un fraude inexistente), Luis Fernando Camacho (dirigente cívico que dirigió a los grupos fascistas como la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Kochala), o Jorge Quiroga (ex presidente neoliberal, que se encargó de realizar toda la operación política para el derrocamiento de Evo Morales).
La situación es aún peor ya que no solamente no se enjuició a estos copartícipes del golpe, sino que desde el Ministerio de Justicia (cuyo titular, Iván Lima, es miembro del Opus Dei, la prelatura más conservadora de la iglesia católica) no se hizo nada para impedir las antidemocráticas candidaturas en las elecciones subnacionales de marzo de 2021 del propio Camacho, de Manfred Reyes Villa (ex militar, edecán del dictador Luis García Meza, que con grado de capitán estuvo en el operativo conocido como la “masacre de la calle Harrington” en enero de 1981, en el que fueron asesinados 7 dirigentes de la resistencia de izquierda a la dictadura), y de Iván Arias (ex ministro del régimen de facto de Jeanine Añez)..
Por esta penosa negligencia, hoy Camacho es gobernador de Santa Cruz (el departamento más extenso, con mayor población y más fuerte económicamente de Bolivia), Reyes Villa es alcalde de Cochabamba (ubicada en el centro de Bolivia, la tercera ciudad más poblada) e Iván Arias es alcalde de La Paz (la ciudad sede de gobierno y la segunda más poblada del país).
En otras palabras, la oposición más derechista tiene el control de las mayores urbes de Bolivia. Por esto afirmamos que el gobierno ha cometido un error estratégico al no haber enjuiciado rápidamente y por la vía ordinaria (sin fuero constitucional) a todos los autores del golpe de Estado, neutralizando así cualquier posibilidad de un nuevo proceso de desestabilización esta vez contra el gobierno de Luis Arce. Lo mismo podemos decir de los mandos policiales y militares que fueron parte del golpe, ya que a más de algunos uniformados que fueron dados de baja, la gran mayoría de los sediciosos no fueron procesados.
Esta impunidad explica la rápida rearticulación de las fuerzas opositoras que gestaron, durante el trimestre final del 2021, la primera crisis política que el presidente Luis Arce tuvo que afrontar. Comenzó en octubre, cuando desde los comités cívicos y dos partidos políticos de derecha -“Comunidad Ciudadana” cuyo jefe es Carlos Mesa, y “Creemos” dirigido por Luis Fernando Camacho- con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, promovieron un primer paro cívico en tres departamentos (Santa Cruz, Cochabamba y Potosí) de los nueve que tiene Bolivia. La respuesta de las organizaciones sociales que apoyan al gobierno de izquierda fue convocar a movilizaciones simultáneas en varias ciudades, en una acción de masas denominada “Wiphalazo” (por Wiphala, bandera cuadrada multicolor de origen indígena que es uno de los emblemas nacionales de Bolivia). Esta primera pulseada entre fuerzas transformadoras y fuerzas conservadoras terminó en empate.
En noviembre de 2021 los Comités Cívicos volvieron a la carga con un nuevo paro cívico, que logró acatamiento en cinco departamentos, además de adhesiones de algunos sectores populares (comerciantes de calle, transportistas) que suelen respaldar al gobierno, pero esta vez se sumaron a las protestas. El motivo fue el rechazo a la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la “Ley 1386 de Estrategia Nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”. Los contenidos de esta ley fueron tardíamente socializados, lo que constituyó un error comunicacional y político gubernamental que dio oportunidad a la derecha para realizar una campaña de propaganda alarmista que impactó en sectores populares. Por esta razón el presidente Arce tuvo que pedir al legislativo la abrogación de esa ley.
Este retroceso, que comenzaba a configurar una derrota del gobierno masista, fue inmediatamente transformado por los movimientos sociales en motivo para convocar a la acción colectiva más multitudinaria de la historia boliviana. No hay en esta afirmación un ápice de exageración. La marcha que se inició en la localidad de Caracollo (ubicada en el departamento minero de Oruro, cerca de la frontera con Chile) recorrió a pie 250 kilómetros hasta llegar a la ciudad sede de gobierno. Una vez en La Paz, la cantidad de marchistas llegó a aproximadamente un millón y medio de personas, lo que significa que más de 1 de cada 10 personas en Bolivia (cuya población es de 12 millones de habitantes) marcharon ese lunes 29 de noviembre a favor del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Semejante muestra de poder de la muchedumbre popular quedará en los anales de la historia de los movimientos sociales latinoamericanos. Pero, digámoslo con claridad, el éxito no se debió al equipo político del gobierno, sino a la intuición de las dirigencias sociales del bloque popular: el MAS a la cabeza de Evo Morales, la histórica Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad indígena campesino.
Estas tres grandes organizaciones y sus liderazgos sumaron fuerzas y cambiaron el escenario político, defendiendo en los hechos al presidente Luis Arce, modificando la correlación de fuerzas a su favor y preservando el proceso de transformaciones amenazado por la derecha. Así se cerró el año 2021.
Ahora bien, ¿esa fuerza popular se ha reflejado en la composición del gobierno de Luis Arce en este año 2022? No. Porque el poder de masas es uno y el poder institucional es otro. En Bolivia se tiene el mismo problema que en otros países, la falta de una estrategia coordinada entre el gobierno popular y los movimientos sociales, entre el Palacio y la calle. Durante la época de Evo Morales se intentó tal articulación a la que se denominó el Gobierno de los Movimientos Sociales; pero con Luis Arce se han dejado de lado.
Sostenemos que sólo se puede avanzar consistentemente en los cambios sociales, económicos y políticos aplicando una estrategia de doble poder transformador, vale decir reforzándose mutuamente entre la base social movilizada que va conformando poderes populares y el gobierno del MAS. Se trata de profundizar la democracia participativa para construir el socialismo comunitario.
En Bolivia se debe hacer justicia, procesando a todos los golpistas; se debe recuperar nuestras empresas estatales y pasar a la fase de la industrialización soberana del Litio para de esta forma seguir redistribuyendo la riqueza; se debe fortalecer la soberanía alimentaria en el nuevo contexto marcado por el incremento mundial de los precios de los alimentos; se debe proteger los derechos de la Madre Tierra frente a la contaminación minera de los ríos y frente a la deforestación; se debe continuar la revolución agraria impidiendo que surjan nuevos latifundios; se debe hacer realidad el Sistema Único de Salud para la población trabajadora y la Educación inclusiva y profundamente democrática; se debe avanzar con la despatriarcalización y la descolonización. Son grandes tareas sin duda, pero no hay otra forma de avanzar hacia la revolución.
Los autores son bolivianos. Estefanía Prado es arquitecta, militante feminista y socialista. Alfredo Rada es economista, fue ministro de gobierno y viceministro de coordinación con movimientos sociales en el gobierno de Evo Morales.