Costa Rica después de las elecciones: gerenciamiento seguro, democracia incierta
Por Iván Molina Jiménez
A finales de la década de 1990, el sistema de partidos políticos en Costa Rica empezó a colapsar debido a tres procesos interconectados: sistemáticos escándalos de corrupción, una redistribución del ingreso a favor de las oligarquías empresariales y el deterioro de la identidad partidaria.
Luego de la crisis económica de 1980, el Partido Liberación Nacional (PLN), que había impulsado políticas socialdemócratas dirigidas a combatir al comunismo, abrazó el paradigma neoliberal. Con este cambio, se asemejó cada vez más al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), representante de las oligarquías empresariales. Simultáneamente, la izquierda se abismó en luchas internas, perdió sus conexiones con el mundo laboral y quedó reducida a partidos de universitarios.
En una democracia que producía cada vez menos bienestar para las mayorías, el abstencionismo pasó de 18,9 % en 1994 a 30 % en 1998. Paralelamente, aumentó la volatilidad electoral. Así, en 2002 el presidente no fue electo en la primera vuelta (febrero), pues el candidato con más votos no alcanzó el 40 % necesario para adjudicarse el puesto, y fue necesario ir a una segunda vuelta (abril). Tal fenómeno se repitió en 2014, 2018 y 2022.
Abstencionismo, volatilidad electoral y desencanto con el PLN y el PUSC fueron condiciones que incentivaron la fundación de nuevos partidos políticos al empezar el siglo XXI. De ellos, el más importante fue el Partido Acción Ciudadana (PAC): fundado en 2000, prometió retornar a las políticas socialdemócratas anteriores a 1980 y ganó los comicios de 2014 y 2018.
Durante la primera administración del PAC (2014-2018), liderada por Luis Guillermo Solís, predominó un neoliberalismo moderado con inversión social creciente y un déficit fiscal en ascenso, agravado por la defraudación tributaria (8,2 % del Producto Interno Bruto según denunció el propio Gobierno en 2016).
En contraste, en la segunda administración del PAC (2018-2022), bajo la conducción de Carlos Alvarado, se impuso un neoliberalismo de línea dura, que promovió una regresiva reforma tributaria, una regla fiscal para limitar la inversión pública, una legislación que facilita ilegalizar huelgas y disolver sindicatos, y otras políticas propatronales.
Al profundizarse la desigualdad social y el descontento ciudadano, la fragmentación política se intensificó. En las elecciones presidenciales de febrero de 2022, compitieron 25 partidos, de los cuales seis –PLN, Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Partido Nueva República (PNR), Partido Liberal Progresista (PLP), PUSC y Frente Amplio (FA)– capturaron el 92,5 % de los votos válidos y se repartieron los 57 puestos de la Asamblea Legislativa.
Los 19 partidos restantes se repartieron el 7,5 % de los sufragios. Entre estos, se encontraba el PAC, que pasó de capturar 464.474 votos en la primera vuelta de 2018 a obtener 13.803 votos en la misma ronda de 2022, una pérdida de 450.671 votos. Así le cobró el electorado costarricense a este partido las regresivas políticas de la administración de Alvarado.
Con un abstencionismo del 40 %, (5,7 puntos porcentuales más que en 2018, una proporción sin precedente en Costa Rica desde 1919), los dos candidatos más votados, en febrero de 2022, fueron José María Figueres, del PLN (27,3 %), y Rodrigo Chaves, del PPSD (16,8 %).
Al no alcanzar ningún candidato el umbral del 40 %, fueron a una segunda vuelta el 3 de abril: Chaves recibió el 52,8 % de los sufragios y Figueres el 47,2 %. Los votos nulos y blancos ascendieron a 2,6 % y el abstencionismo a 43,2 %. Chaves ganó con el apoyo de solo el 28,7 % del padrón electoral.
Funcionario de alto nivel del Banco Mundial desde la década de 1990, Chaves regresó a Costa Rica a finales 2019, al ser nombrado por el presidente Alvarado ministro de Hacienda. Ejerció tal cargo hasta el 28 de mayo de 2020, cuando renunció por discrepancias con el mandatario.
El 7 julio de 2021, Chaves anunció que competiría por la presidencia como candidato del PPSD y el 24 de agosto siguiente se informó que trataba de convencer a la periodista de origen peruano, Pilar Cisneros Gallo, de postularse como candidata a diputada. Cisneros, quien laboró en dos de los principales medios de comunicación de Costa Rica (La Nación y Telenoticias de Canal 7), goza de mucha popularidad.
En las primeras horas de la mañana del 30 de agosto de 2021, se conoció que Cisneros había aceptado postularse como candidata a diputada del PPSD. A las 3:35 de la tarde de ese mismo día La Nación informó que Chaves había sido sancionado por el Banco Mundial “por acoso sexual”.
Según dicho periódico, la sanción le fue comunicada a Chaves el 28 de octubre de 2019, dos días antes de que el presidente Alvarado anunciara su incorporación como ministro de Hacienda. Interrogado al respecto, el mandatario confirmó el 31 de agosto de 2021 que conocía “rumores” sobre las denuncias contra Chaves antes de incorporarlo a su gabinete. Igualmente, La Nación indicó que un tribunal administrativo había revisado el caso y confirmado la sanción contra Chaves el 7 junio de 2021, y adjuntó un enlace para acceder a la documentación respectiva.
A partir de entonces, los principales medios de comunicación del país iniciaron una campaña sistemática contra Chaves para evitar que resultara el segundo candidato más votado –se daba por descontado que el primero sería Figueres–. Sin embargo, Chaves neutralizó esos ataques gracias a la popularidad de Cisneros y el enorme descontento del electorado con el PUSC y el PLN porque, en vez de cumplir su función como partidos de oposición, apoyaron las políticas regresivas de la administración de Alvarado.
Una vez que se conoció que la segunda ronda se disputaría entre Figueres y Chaves, las oligarquías empresariales y sus aliados mediáticos –sobre todo La Nación y Telenoticias– cerraron filas a favor del primero e intensificaron la campaña en contra del segundo. Aparte del asunto del hostigamiento sexual, Chaves fue presentado como un populista autoritario y se acusó a su partido de organizar una estructura de financiamiento paralela.
Durante esta etapa, que se extendió entre el 7 de febrero y el 3 de abril de 2022, el principal aliado de Chaves fue el antifiguerismo. En 1994, Figueres ganó la elección presidencial con una campaña en la que se comprometió a que el PLN retornaría a las políticas socialdemócratas; pero una vez en el poder se alió con los neoliberales de línea dura del PUSC.
Desafiado por la protesta social de los educadores –la mayoría mujeres–, reprimió violentamente este movimiento en 1995. La regresiva gestión de Figueres terminó de debilitar las bases electorales del PLN, incentivó el aumento del abstencionismo en las elecciones de 1998 y llevó a la crisis del sistema de partidos políticos.
En 2004 se conoció que Figueres, entonces residente en Suiza, había recibido casi un millón de dólares de la transnacional francesa Alcatel. Debido al escándalo, renunció al Foro Económico Mundial, pero solo regresó a Costa Rica en 2011, cuando ya no existían cargos en su contra. Figueres compitió por la nominación presidencial del PLN en 2017, pero perdió ante Antonio Álvarez Desanti, y solo ganó esa postulación en 2021 porque dicha competencia se fragmentó entre cinco precandidatos: Figueres obtuvo apenas el 37 % de los votos válidos.
Pese a que Figueres concentró el apoyo mediático, el respaldo de las oligarquías empresariales y la adhesión de sectores universitarios de izquierda, Chaves capitalizó con éxito el extendido antifiguerismo. Aunque ambos candidatos intentaron captar el voto de los sectores más pobres y marginales mediante acercamientos con las iglesias y partidos evangélicos, Chaves fue más efectivo en este sentido. En la segunda vuelta, venció ampliamente en las provincias costeras (Guanacaste, Puntarenas y Limón) y en las áreas fronterizas con Panamá y Nicaragua.
Todavía no es posible precisar cuál será el rumbo del gobierno de Chaves, pero su ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, procede de las filas del neoliberalismo de línea dura. En la Asamblea Legislativa su partido (PPSD) ganó solo 10 de 57 asientos; los 47 puestos restantes se reparten así: 34 de partidos proempresariales (PLN, PUSC y PLP), 7 de un partido evangélico (PNR) y 6 de uno de izquierda (FA).
Falto de cuadros propios, Chaves, inició un proceso de reclutamiento de ministros y altas autoridades, similar al practicado por la empresa privada: mediante la presentación de atestados. Así, su gestión apuesta por una gobernabilidad alcanzable mediante el gerenciamiento de la nación, en un escenario legislativo y mediático hostil y dominado por la derecha.
El próximo 8 de mayo, en el edificio de la Asamblea Legislativa –conocido como el búnker legislativo por su estilo amurallado– se efectuará el traspaso del poder. En vez de hacerse, como se acostumbra en Costa Rica desde 1949, en un lugar abierto y de acceso público, el acto se realizará en un lugar cerrado y exclusivo. Allí, a salvo de una ciudadanía descontenta, desencantada y empobrecida, Chaves recibirá la banda presidencial. Tan sombrío como ominoso, este acto confirma que el futuro de la democracia costarricense y de su progresismo social e institucional es completamente incierto.