Audaz Demanda de México Contra Fabricantes de Armas de EEUU
En agosto pasado, México presentó una demanda de $10 mil millones de dólares contra los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar la importación de armas a México, la primera demanda de un gobierno soberano contra las corporaciones de fabricantes de armas.
Una amplia gama de grupos está apoyando la demanda de México, y el grupo internacional de derechos humanos Global Exchange organizó recientemente un seminario web que reunió a algunas de estas organizaciones. David Pucino, abogado senior del Centro Giffords para Prevenir la Violencia Armada, moderó la sesión. La fundadora de su grupo, la ex congresista estadounidense Gabrielle Giffords, recibió un disparo a quemarropa en la cabeza en un evento político de 2011.
David Pucino, Giffords Center: Esta demanda mexicana está forjando un nuevo enfoque legal. Las empresas demandadas, acusa México, han realizado ventas injustificables, particularmente de armas de grado militar. Un ejemplo: Barrett fabrica una pistola de francotirador calibre 50, que se vende en México, que puede derribar un helicóptero a dos kilómetros de distancia. Otras firmas nombradas en la demanda van desde Smith & Wesson y Sturm hasta Colt y Glock. María Isabel, perdiste un hijo por la violencia armada.
María Isabel Cruz Bernal: En 2017 entraron unos hombres a mi casa en Sinaloa y se llevaron a mi hijo. Nunca lo volví a ver. Pertenezco a una organización, Sabuesos Guerreras AC, “Detectives Guerreros”, 150 madres que han estado buscando los restos de nuestros hijos en Sinaloa. Nos vemos a nosotros mismos como una parte de un movimiento más grande: más de 60 organizaciones de familiares de desaparecidos, todos en duelo por la pérdida de sus hijos, todos en busca de evidencia y justicia.
Maria Pia, usted dirige la Asociación de Políticas Públicas de Argentina. ¿Tu nación también está sintiendo los efectos del comercio de armas?
Maria Pia Devoto: El comercio de armas ha tenido un gran impacto en toda América Latina. Las pandillas ahora operan a nivel transnacional, y las armas fabricadas por empresas estadounidenses representan el 30 por ciento de los homicidios intencionales de nuestra región. He trabajado para detener el comercio de armas durante años. La demanda mexicana nos ha brindado la oportunidad de tomar una acción concreta, presentar un escrito de amicus curiae, y tanto las embajadas de Estados Unidos como de México nos han ayudado al facilitar las relaciones con investigadores y abogados pro bono.
Alla, su organización Everytown for Gun Safety también está apoyando la demanda de México. Como director de litigios del grupo, usted conoce muy bien los costos del comercio de armas.
Alla Lefkowitz: La demanda mexicana se basa en el argumento de que los fabricantes de armas estadounidenses han sido legalmente “negligentes” en sus prácticas de venta, permitiendo a sabiendas que las armas caigan en manos de los cárteles mexicanos. La demanda también utiliza leyes de “molestia pública”, estatutos que prohíben la “interferencia irrazonable en la vida normal del público”.
Además del costo humano, el comercio de armas también genera costos financieros. Everytown ha calculado que nuestros gobiernos federal, estatal y local están gastando un promedio combinado de $34.8 millones cada día para hacer frente a las secuelas de la violencia armada: servicios para víctimas, atención médica, justicia penal, policía y ambulancia, capacitación de preparación para escuelas, pérdida salarios, y mucho más.
La factura anual total para contribuyentes, sobrevivientes, familias, empleadores y comunidades asciende a $280 mil millones. Necesitamos ver esto también como un costo social: la pérdida del potencial para invertir en servicios públicos que beneficien a todos los estadounidenses. Los costos económicos para México aún no han sido calculados.
En 2005, el cabildeo de las armas de EEUU promulgó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, legislación que protege específicamente a los fabricantes de armas de fuego de responsabilidad cuando se cometen delitos con sus productos. La industria de las armas está citando esta ley para exigir que se desestime la demanda de México. ¿Se saldrá con la suya la industria?
María Pía: Ese estatuto de 2005 se aplica en los EE. UU., pero este caso está probando si la Ley se aplica al daño causado en otro país.
Alla: En febrero pasado, las familias de las víctimas del tiroteo en Sandy Hook ganaron un acuerdo histórico de $73 millones contra Remington, el fabricante del arma que mató a 20 niños pequeños. Este caso demostró que se pueden usar otras leyes como argumentos legales efectivos, que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas no brinda a los fabricantes de armas un escudo infalible. ¡Tenemos esperanza!
Fuente: Boletín de Solidaridad con México, No. 78, 27 de abril de 2022