Gobernar al Perú, entre la corrupción y el caos
Por Manuel Varese Cabrera
Hoy que escribí Pedro Castillo en Google, la primera palabra que propuso el buscador fue: “investigado”. No. No es casualidad ni una repercusión del libre albedrío… perdón, quise decir libre algoritmo. En Perú, 39 de los 40 medios principales responden a grandes grupos económicos (CELAG) y el 80% de la prensa escrita pertenece a una familia declarada en favor del fujimorismo. Como consecuencia, apenas asumió el profesor rural y sindicalista nacido en Puña, Cajamarca, las portadas más difundidas rezaban en letras rojas y mayúsculas: “¡El Perú en peligro!”, “Gabinete de miedo” o “Comenzó el desgobierno”.
Historia reciente
Perú, cuyo último gobierno progresista liderado por Juan Velasco Alvarado terminó hace 47 años, ha sufrido una de las más largas noches neoliberales del Cono Sur. Luego de triunfar en una prolongada guerra interna contra Sendero Luminoso, que produjo más de 60 mil muertos, Alberto Fujimori estableció una dictadura desarrollando la corrupción y el neoliberalismo en su máxima expresión.
Después, vendrían dos gobiernos igualmente neoliberales, primero de Alejandro Toledo (2001-2006) y en seguida de Alan García (2006-2011). Con la esperanza de recambio aparecería Ollanta Humala (2011-2016), quien se subió al barco del socialismo del siglo XXI para ganar las elecciones, pero rápidamente se convertiría en una continuación de las mismas medidas neoliberales, desarrolladas por Fujimori, manteniendo una redistribución de la riqueza casi nula y la corrupción a la orden del día.
En estos últimos tiempos, este país andino ha tenido 5 presidentes en 5 años, que vale la pena nombrar. En 2016, el ex banquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski, fue elegido presidente y tomó como una de sus banderas la “lucha anticorrupción”. Su mandato duraría 20 meses ya que, en marzo de 2018, un día antes de que el parlamento votara su destitución, pondría su renuncia debido a audios y videos que lo relacionaban con escándalos de sobornos y corrupción sobre la compra de votos de congresistas.
Asumiría el cargo su vicepresidente, Martín Vizcarra, quien también abanderaba la misma lucha contra la corrupción. Sería destituido en noviembre del mismo año por el Congreso, tras ser determinada su “incapacidad moral” debido a presuntos sobornos que recibió cuando fue Gobernador de Moquegua, en 2014.
Ante ello, el Perú se levantaría en protestas contra la destitución de Vizcarra y la toma del cargo del entonces Presidente del Congreso, Manuel Merino, considerada por varios sectores como inconstitucional. Merino no duraría ni una semana en el puesto, tras la muerte de 2 jóvenes durante las manifestaciones. Solo entonces, el 17 de noviembre de 2020 el ingeniero Francisco Sagasti, del Partido Morado (centro), lograría mantener una relativa gobernabilidad hasta las elecciones de abril 2021.
Llegar a la Presidencia en este país latinoamericano no significa llegar al poder, y mucho menos ejercerlo. En la última elección tan disputada, el considerado “voto duro” de Castillo tenía menos del 20%, seguido de la ultra derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular con un 13%.
La diferencia en la segunda vuelta fue de 44 mil votos (0,25 puntos), dejando en el congreso una mayoría conservadora. Debemos tener en cuenta que Castillo no llega al gobierno únicamente por el voto de la izquierda o de los excluidos de fuera de Lima, donde la población representa casi el 35% del electorado (6 millones y medio de votantes), sino que gran parte del voto en favor del profesor lo sostuvo el sentimiento antifujimorista, que no significa un apoyo al partido del Presidente.
En menos de un año de Gobierno, el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y sus aliados, lideraron 2 intentos de vacancia presidencial (destitución), el último en marzo por “incapacidad moral”. En su defensa ante el congreso, el Presidente mostró que iba por “máximo respeto al estado constitucional” y que su objetivo era “servir al país”. Se necesitaban 2 tercios para su destitución, pero logró librarse de la moción de vacancia por 55 votos a favor y 54 en contra, con 19 abstenciones. Si bien estos intentos no han tenido éxito, han repercutido duramente en la imagen del Presidente y en la necesidad de alianzas con el Congreso para su continuación.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que no se utilice de manera indiscriminada la vacancia presidencial, no solo por su impacto en la inestabilidad política y económica del país, sino también por las repercusiones en los derechos humanos y políticos de los ciudadanos. Recomendó al Estado que se defina la “vacancia presidencial por incapacidad moral”, con la finalidad de restringir su uso arbitrario.
La inestabilidad gubernamental heredada
El actual Gobierno heredó una inestabilidad gubernamental, política e institucional transversalizada por un neoliberalismo que se palpa en cualquier rincón del país. El 67% del territorio nacional, incluyendo áreas marítimas, está concesionado a empresas privadas nacionales y extranjeras; la Amazonía peruana continúa sufriendo minería ilegal, deforestación y tala de árboles por mafias que operan hace décadas; y la pobreza afectó al 25,9% de la población en 2021 (INEI).
Ante las presiones políticas, mediáticas y económicas, Castillo ha cambiado 4 veces a su gabinete ministerial, sin duda alejándose cada vez más de los sectores de izquierda y acercándose peligrosamente al centro-derecha y la derecha. Uno de los momentos críticos fue la renuncia del ex Ministro del Interior Avelino Guillen, quien logró en 2009 como Fiscal, la condena de Alberto Fujimori a 25 años de prisión por los delitos de violación de derechos humanos y corrupción. Según Guillen, no recibió suficiente apoyo sobre temas ligados a la corrupción en la Policía.
En un momento donde las izquierdas progresistas, democráticas y justas en favor de los derechos humanos rebrotan en América Latina con tanta fuerza, ¿por qué en Perú sigue siendo tan complicado afianzar un movimiento sólido y duradero en favor de las grandes mayorías? Un video reciente del diario La República muestra cómo Paola Ugaz entrevista al reconocido caricaturista Carlos Tovar alias “Carlín”, autodenominado marxista y de izquierda, quien lleva 40 años realizando su trabajo de criticar con ironía a los políticos peruanos de cualquier afinidad.
Ante esta pregunta, responde: “Una cosa que pesa es Sendero Luminoso, que ha sido una desviación de la izquierda [y del] marxismo, que ha ocasionado un desastre [y que ha sido] criminal inclusive con la izquierda. (…) Ha quedado la idea del marxismo contaminada con esto del terrorismo”. De eso se aprovecha la derecha para llamar de “terruco” a la izquierda.
La izquierda ha sido exitosamente estigmatizada como sinónimo de terrorismo y todo lo que huela mínimamente a progresismo recibe una avalancha de reportajes y titulares de una de las prensas más conservadoras de la región.
La demonización de la izquierda peruana sigue teniendo éxito tanto en el imaginario social como en las esferas más sólidas del poder político y económico. Una muestra fehaciente fue la renuncia del respetado canciller, Doctor por la Universidad de San Marcos y catedrático, Héctor Béjar, quien cometió el gravísimo error político de decir parte de la verdad sobre la conexión entre la Marina, Sendero Luminoso y la CIA, en un país donde los tres actores son malas palabras. Duró 19 días en el cargo.
En el mismo marco, el periodista Gustavo Espinoza ha denunciado sectores [neo]nazis llamados “La Resistencia”, “Los Compatriotas” o “Los Combatientes”, que habrían declarado una “guerra abierta” a los seguidores de Castillo. Según Espinoza: “Para ellos, los obreros son comunistas; los campesinos, subversivos; las mujeres, terroristas y los jóvenes, alzados en armas. Para todos ellos, cabe una sola caracterización: ‘terrucos’(…)”. En el lenguaje peruano, el terruqueo ha pasado a ser un verbo que denigra cualquier posición o acción mínimamente progresista, descalificándola. Sin embargo, estos neonazis no son materia de escándalo comunicacional.
¿Hay salidas?
Tomando como ejemplo Bolivia, “los medios de comunicación no son omnipotentes”, señaló la ex Ministra de Salud del vecino país andino, Gabriela Montaño, recalcando que si lo fueran no tendrían a Luis Arce como presidente. Para ello, es necesario encararlos, denunciarlos y posicionar un propio canal de comunicación aunque sea digital. Esto lo hemos aprendido como resistencia a la hegemonía mediática. Además, ello debe ir acompañado de la organización popular, la base de legitimidad más sólida de cualquier movimiento.
Si en aras de una endeble gobernabilidad en el Perú, es necesario integrar políticas, funcionarios y pedidos de los sectores más neoliberales y conservadores, quien más pierde espacio y fuerza es la misma democracia, entendida como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (A. Lincoln). Los recientes hechos históricos latinoamericanos nos han demostrado que no puede haber un equilibrio entre el neoliberalismo y el bienestar de los más necesitados.
Ahora, decir que la dificultad de gobernar al Perú es culpa del actual Presidente, es menospreciar una realidad histórica que lleva años instalada en la clase política peruana.
Al mismo tiempo, aliarse con los sectores más conservadores ligados al modus vivendi de la política como lucro empresarial, solo aumentará la presión de que vuelva otro estallido social de indignación como el de 2020, probablemente después de una nueva destitución promovida por estos mismos sectores más conservadores. En momentos históricos donde se tambalea el sistema económico y democrático, es necesario tomar medidas de transformación profundas. Una de las propuestas, sostenida por algunos movimientos como el de Verónika Mendoza, es crear una Asamblea Constituyente que genere una nueva Constitución, como sucedió en Ecuador en el 2008, o más recientemente en Chile.
Sin embargo, el actual Presidente se ve acosado por distintos sectores. Se enfrenta ahora a fuertes acusaciones por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, la cual ha recomendado que se acuse al mandatario constitucionalmente por supuestamente incurrir en los delitos de organización criminal, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible. Para Mirtha Vásquez, ex Presidenta del Consejo de Ministros de Castillo, “el Gobierno ha dado todos los elementos para que la oposición dé la estocada final” (La Mula TV).
El 28 de julio se cumplirá un año desde la asunción de Pedro Castillo. En la misma lógica de ingobernabilidad en la que ha actuado un Congreso que no logra consolidarse en favor de los intereses de la población peruana más necesitada, sino que está pensando quién será el próximo al cargo presidencial, ya se propone que tras la elección de la nueva Mesa Directiva el 28 de julio, quien lidere el Congreso terminará probablemente como Presidente/a de la República, afirma Mirtha. Mientras tanto, en un reciente comunicado del partido Perú Libre, se ha solicitado al presidente Pedro Castillo su renuncia irrevocable al partido, por implementar el “programa neoliberal perdedor”.
En la actual arremetida del neoliberalismo, es indispensable fortalecer los lazos entre países y sectores que llevan años resistiendo a la opresión. ¿Logrará Pedro Castillo nuevamente eludir los intentos de golpismo y finalmente consolidarse? Al parecer, solamente reformas y políticas sociales de impacto inmediato pueden darle el apoyo popular que requiere, para recuperar el espacio que lo inscriba entre los gobiernos progresistas de América Latina.
@ManuelVarese