BREVE VISION SOBRE EL PARO EN ECUADOR, JUNIO 2022

BREVE VISION SOBRE EL PARO EN ECUADOR, JUNIO 2022

Por Silvia Vera Viteri

Uno de los antecedentes del paro indígena tiene que ver con la reunión mantenida en el Palacio de Carondelet en octubre 2021 entre Leonidas Iza, presidente de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y Guillermo Lasso, presidente de la República. Como corolario el movimiento indígena declaró no haber llegado a ningún acuerdo y anunció el uso del derecho a la resistencia, mientras el gobierno refirió que en virtud de sus ofrecimientos el resultado había sido exitoso. No obstante, en lo posterior el Ejecutivo no efectuó ninguna acción relativa a la temática central tratada: el congelamiento de los precios de los combustibles y la revisión de la política extractivista.

Así, el 13 de junio de 2022 inicia el paro en un país atravesado por graves crisis económica y social que afectan prácticamente a todos los órdenes, y a la mayoría de estamentos sociales. Es este el  contexto en el cual bajo el liderazgo de Leonidas Iza se origina la multitudinaria movilización de bases desde la Sierra Central (provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua), región con alta concentración de población indígena en la que, paradójicamente, Lasso tuvo una muy alta votación en las elecciones presidenciales del 2021, y en la que de modo recurrente ha ganado la derecha, como, por ejemplo, al progresismo de Rafael Correa.

El acento de la disconformidad del reciente levantamiento no solo recae sobre la condición ultra neoliberal del gobierno sino también sobre la peligrosa incapacidad demostrada para la conducción de la nación

En su marcha hacia Quito, la manifestación indígena logra fuertes involucramientos y simpatías de organizaciones políticas y sociales, instituciones académicas, sectores urbanos empobrecidos, artistas e intelectuales, segmentos de distintas clases medias, y, de manera sorprendente, jóvenes pertenecientes a todas ellas, en un país de profundo y ancestral raigambre racista. Esta reacción resulta significativa pues evidenciaría cierto grado de concientización sociopolítica en la sociedad mestiza respecto de la naturaleza del mundo indígena, de la trascendencia de la organización popular, de los factores comunes, incluso, más allá de la coyuntura, de las campañas mediáticas de desprestigio desplegadas.

Hecho histórico, sin duda, que generó solidaridades mutuas frente a lo señalado como abusos de un gobierno asentado en la banca y el empresariado privados, y que propició apoyos en todo el territorio pues se fueron sumando otras reivindicaciones de la sociedad civil que otorgaron a la medida amplitud e interés nacional. Es decir, el paro fue convirtiéndose en bandera del descontento y de la incertidumbre contra la inoperancia de un gobierno improvisado y errático cuya gestión y objetivos se ubican en la defensa de los intereses oligárquicos.

Bandera antineoliberal de carácter nacional que fusiona dos corrientes:

1. Reconocimiento del movimiento indígena como actor político con liderazgo, de la precariedad de sus condiciones de vida, y de la invisibilización a la que ha sido sometido.

2. Demanda ante la vulneración de los derechos constitucionales, humanos y civiles de la población en general. Como es obvio, el suceso también contó con fuertes y efectivos rechazos de las derechas, algunas críticas, e incluso opuestas al régimen que argumentando defensa de la democracia arremetieron contra la protesta por el temor ante la posibilidad de nuevos avances del progresismo.

Desde estos sectores, la ciudad de Quito en especial demostró la vigencia de un potente racismo proveniente del blanco-mestizaje instalado en estratos medios y altos, y se mostró la profunda aporofobia presente en todo el país.

En estas circunstancias, el presidente Lasso es emplazado por la CONAIE al cumplimiento de diez puntos:

1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a $1,50 y la gasolina extra y ecopaís a $2,10. Derogar los decretos 1158, 1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.
2. Alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al embargo de los bienes como casas con terrenos y vehículos por falta de pago.
3. Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo.
4. Empleo y derechos laborales. Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
5. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los decretos 95 y 151.
6. Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos: Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras, salud, entre otras.
8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
9. Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud de la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra al Ecuador.

Cercado tanto por el ascenso de la protesta como por su propia renuencia para proceder con lo exigido,  Lasso zozobra en medio de yerros y desaciertos, entre otros, apresar por un día a Leonidas Iza, anunciar su supuesto y al parecer falso contagio de Covid. Desde la incompetencia para solventar la crisis, decide manejarla a través de la aplicación de la fuerza, la criminalización del derecho a la protesta y la devaluación de sus mentores que son tratados como vándalos terroristas.

Con el permanente e incondicional apoyo de las cúpulas militar y policial, avanza y retrocede con llamados al diálogo que se diluyen, estados de excepción que se dictan y se suspenden, amenazas y ejecuciones de una política represiva y violenta, que deja muchos heridos y 6 muertos. Son acciones de enfrentamiento pero vistas con un mayor enfoque, también de dilatación de respuestas efectivas a las demandas ciudadanas.

Por otra parte, en la Asamblea Nacional, la bancada legislativa de UNES (Revolución Ciudadana) en correspondencia con el artículo 130, numeral de la Constitución, que señala: en caso de grave crisis política y conmoción social la Asamblea Nacional puede llamar a nuevas elecciones, encabeza la destitución del presidente de la República por vía parlamentaria. El 28 de junio, la propuesta es negada pues obtiene 80 votos de 137 asambleístas, que si bien son insuficientes (se requieren 92 votos) para el efecto, son suficientes para evidenciar el caótico escenario del país y la devaluada posición del presidente que a ese momento cuenta con el 83% de rechazo, según la consultora Perfiles de Opinión.

En consecuencia, Lasso accede finalmente al diálogo, al que se había negado luego de haberlo convocado, no asiste y envía a sus ministros a la mesa de negociaciones.

En este tramo del desarrollo de los sucesos, se pueden señalar ciertas imprecisiones en el diseño estratégico por parte del movimiento indígena al no haber previsto de modo exhaustivo los posibles comportamientos de su contraparte, por lo que la táctica gubernamental de ganar tiempo toma ventaja frente al desgaste físico que empieza a afectar a los manifestantes.

Ante esta contingencia, Iza se presenta decidido pero con el engranaje de un paro cuya resistencia comienza a menguar ya que su mayor fuerza fue dispuesta en los dieciocho días precedentes. Las huestes, aún con la enorme cooperación logística de la ciudadanía, no podían mantenerse por más tiempo dadas las precarias condiciones de supervivencia.

Era urgente llegar a un punto de cierre definitivo. Y pese haber reiterado no cejar en la medida de hecho tomada sin la concurrencia de la debida atención gubernamental a los diez puntos esgrimidos, el 30 de junio de 2022 Iza, en representación de CONAIE, FEINE y FENOCIN, firma un Acuerdo de Paz. El documento contiene algunos Decretos Ejecutivos firmados durante el paro:

Decretos previos

• Disponer a los gobernadores intensificar y fortalecer los controles de precios en sus provincias para evitar la especulación.
• Declaratoria en emergencia al sector de la salud. Implementación de las políticas sociales ofrecidas: incremento en el bono de desarrollo humano, duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe, puesta en el mercado de un aceite popular, subsidio para la úrea, entre otros.
• Reducir en USD 0,10 el precio de las gasolinas Extra, Ecopaís y del diésel.

Términos del Acuerdo de Paz

1. Derogar el Decreto Ejecutivo 95, que establece la política petrolera del Gobierno.
2. Reformar el Decreto Ejecutivo 151, que contiene el plan de acción para el desarrollo del plan minero del país. Especificando que esas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas, zonas intangibles, zonas arqueológicas, áreas de protección hídrica y territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
3. Además, se garantizará la consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Adicionalmente, el gobierno se comprometió a reducir el precio de los combustibles en USD 0,05 lo cual equivale a una reducción total de USD 0,15. Y también a trabajar una política de focalización de subsidios. Los puntos se tratarán en una mesa de diálogo con la presencia de garantes.

Las reacciones al contenido han ido desde el señalamiento de tibieza frente a la propuesta original, hasta su aceptación en virtud de la comprensión del estado en que se encontraba la movilización, determinada como un gran logro en sí misma en perspectiva de una acumulación de fuerzas, más allá de los resultados. 

Es pertinente señalar que una moción de revocatoria del mandato de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, por incumplimiento de su plan de gobierno, hecho previsto en la Constitución al cumplirse un año del mandato presidencial, se vino manejando por el abogado Pedro Granja, en representación del Colectivo Coordinadora Popular, quien anunció la recolección de firmas (15% de inscritos en el padrón electoral, 1’950.000.000) requisito correspondiente a este ejercicio del derecho ciudadano.

Al ser presentada la solicitud de formularios ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dicha recolección, el 4 de julio este organismo niega su entrega, y al proceso en sí, aduciendo falta de documentación de sustento y requisitos de ley.

Esta negativa es concordante con el comportamiento de la institucionalidad pública y con el tono de las vocerías políticas de derecha que justifican su accionar favorable al regimen alegando su inclaudicable defensa de la democracia traducida en la validación de todo tipo de proceder contra la reinstauración del progresismo (identificado en la Revolución Ciudadana) y el consecuente retorno al país del expresidente Rafael Correa.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz, y del compromiso gubernamental de subvencionar con $0,15 a los combustibles y de derogar el estado de excepción, finaliza la protesta indígena, que movilizó alrededor de 130.000 personas, e inician las mesas de diálogo con la presencia de garantes de ambas partes y mediadas por la Conferencia Episcopal, en un país laico.

De manera inmediata, se activa el juicio contra el líder indígena por la supuesta paralización de servicios públicos durante el paro nacional, razón de su detención el 13 de junio, cuya audiencia programada para el 4 de julio ha sido postergada por la jueza del caso para el mes de agosto con el fin de realizar una consulta sobre el proceso a la Corte Constitucional. No estaría fuera de lugar presumir una implementación de lawfare contra Iza.  

Frente a los hechos suscitados, Guillermo Lasso se asume vencedor del conflicto, posición desde la que hace denuncias reiteradas, públicas y sin pruebas, en los ámbitos nacional e internacional, en referencia al financiamiento (en una cadena habla de $20 millones y en otra de $15 millones) al paro por parte del narcotráfico. Contradictoriamente, su ministro de Defensa, Carrillo, niega el financiamiento. Las organizaciones indígenas han protestado ante las temerarias aseveraciones presidenciales, lo cual presenta un panorama algo incierto para el futuro inmediato de las mesas de diálogo.

Difícil comprender una voluntad de conciliación con tan grave acusación de una de las partes contra la otra, salvo si se infiere una estratagema de los acusadores en espera de reacciones negativas que den paso a la suspensión de los diálogos, y evidencia, además, su falta de interés en mantener las conversaciones.

Finalmente, es importante destacar la construcción del liderazgo que va desarrollándose alrededor de la figura de Leonidas Iza, quien participó en el levantamiento de octubre 2019 junto con el entonces presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. A pesar de conseguir la derogatoria del decreto 883 que eleminaba el subsidio a los combustibles, el epílogo implicó una claudicación que permitió la permanencia del gobierno de Lenin Moreno y el declarado propósito de evitar que el correísmo sea visto como triunfador.

Las diferencias entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana tienen base en fuertes confrontaciones no descifradas ni resueltas por ninguna de las partes durante el gobierno de Rafael Correa, relativa principalmente al dilema de todos los gobiernos  progresistas en América Latina en cuanto a las políticas extractivistas y la conservación de los bienes naturales frente a las deficiencias económicas.

Sin embargo, hoy Iza se constituye en una figura de gran perspectiva desde su representación y reconocimiento populares, y la impostergable apertura expresada hacia otras fuerzas de izquierda a las que podría concurrir el correísmo, movimiento con la mayor militancia dura de base del Ecuador. Así, Iza es, por ahora, una voz firme que se va posicionando en la izquierda progresista.

A tomar en cuenta es el interés del gobierno de ahondar la división entre fuerzas correístas (progresismo) y la organización indígena, y de convertir a esta última, también, en enemigo, por considerarla más fácil de vencer en cualquier trinchera, como tratará de demostrar. Las izquierdas tienen al momento una oportunidad importante en el progresismo, única corriente en haber accedido al poder, en unidad con el movimiento indígena. Unidad decisiva para el futuro del país. Rafael Correa y Leonidas Iza, deben tratar con responsabilidad el reto por sobre sus diferencias políticas para confrontar al neoliberalismo que ha destrozado, y sigue haciéndolo, al Ecuador. Esperemos que así sea.

Quito, julio 12, 2022

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